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El caso del geriátrico se complica por el conflicto de intereses de un edil |
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El caso de la residencia de ancianos que ahora trae de cabeza al Ayuntamiento de Écija tiene visos de complicarse aún más por una circunstancia que va a alterar la actual correlación de fuerzas en el pleno municipal. El hecho es que uno de los concejales del grupo municipal del PP trabaja en la residencia objeto de la polémica, por lo que deberá ausentarse de la votación si finalmente se produce, con lo que las formaciones de la oposición (PA y PSEI, además del propio PP) perderían así la mayoría absoluta con la que choca una y otra vez el gobierno municipal (PSOE).
El edil afectado es Carlos Onetti, que es empleado de Vitalia Écija, la empresa que actualmente gestiona el geriátrico. El problema radica en que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga ahora a devolverle el complejo a la firma Virgen del Valle, que fue la primera adjudicataria pero a la que en 1998 el Ayuntamiento de Écija (gobernado entonces por PAy PP) le retiró la concesión antes de que asumiese la construcción del inmueble. Tras el pertinente recurso, el alto tribunal andaluz ha acabado dándole la razón a Virgen del Valle, obligando a volver a la situación de 1998.
El Ayuntamiento celebró el pasado jueves un pleno con carácter de urgencia en el que, como único punto del día, estaba el acatamiento de la sentencia. Finalmente no llegó a abordarse porque la oposición rechazó la urgencia del tema a tratar.
Así las cosas, el Consistorio tiene de plazo hasta el próximo miércoles, 22 de abril, para acatar un fallo del TSJA que debe verse en el pleno. Si finalmente se produce el debate, los grupos de la oposición perderán la mayoría al tener que ausentarse el concejal Onetti. Otra cosa es el panorama que se abre para el gobierno local, ya que la sentencia obliga a dejar a Vitalia sin la gestión que se le concedió en 2000, sin las instalaciones que construyó en La Alcarrachela y sin su explotación, que tenía concedida hasta 2077.
Los hechos se remontan al año 2000, cuando el gobierno local entonces presidido por Julián Álvarez (PA) retiró la concesión a Virgen del Valle alegando que había depositado la fianza fuera de plazo. Lo cierto es que el proceso para esta anulación se precipitó en sólo 38 días, después de año y medio sin novedades administrativas.
El 25 de noviembre de 1998 el gobierno local concedió a Virgen del Valle una ampliación del plazo inicial de 15 meses para pagar la fianza previa a la construcción del asilo. En el expediente no hay ningún documento más hasta el 19 de junio de 2000, cuando se registra un escrito del alcalde instando a la empresa a pagar la fianza en 10 días.
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